El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento que había hecho Cristina Kirchner en la causa de la “ruta del dinero K”, al entender que aún quedan medidas pendientes para determinar si la vicepresidenta tuvo o no relación con las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez.

Además, reclamó conocer las líneas telefónicas que CFK usó entre 2010 y 2013 para hacer entrecruzamiento de llamados con sus secretarios privados.

Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello rechazó el pedido que había hecho la defensa de CFK y consideró que, como aún se están llevando a cabo medidas de prueba complejas, es necesario que se completen para poder terminar de conformar el panorama judicial.

“No corresponde interrumpir el recorrido de la pesquisa: no sólo debido a que se encuentran en curso medidas de prueba que yo mismo ordené sino porque sigo considerándolas útiles y pertinentes para conocer la verdad y cumplir con los fines del proceso penal”, sostuvo el juez en la resolución.

El magistrado resaltó también que en su momento había decretado la falta de mérito de la expresidenta en relación a los hechos que se investigan y que en septiembre pasado la Cámara Federal ordenó avanzar para definir si Cristina Kirchner debe ser procesada o sobreseída.

La expresidenta había reclamado su sobreseimiento en esta causa dos semanas atrás, pero el fiscal federal Guillermo Marijuan se había opuesto para solicitar que continuaran las medidas de prueba, que incluyen cruces de llamados y colaboración de otros países con el expediente.

Los dos organismos querellantes, la UIF y la AFIP, en tanto, respondieron al juez que no debían continuar ni ordenarse más medidas de prueba para resolver su situación.

Cuando ordenó avanzar hasta definir la situación procesal de la vicepresidenta, la Cámara Federal porteña refirió a la declaración del valijero arrepentido Leonardo Fariña, quien afirmó que Báez le había contado un supuesto diálogo en el que la exmandataria le preguntaba si estaba sacando dinero del exterior.

Para el juez, esa declaración era un elemento que mostraba que no había vinculación aparente de la exmandataria con la maniobra delictiva mientras que la Cámara Federal lo interpretó en dirección contraria y consideró que allí había cierta complicidad.

Cristina Kirchner busca quedar desligada de la causa que le valió a Lázaro Báez una condena de 12 años de prisión. Se lo acusa de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

El dueño de Austral Construcciones fue sentenciado por el delito de “lavado de activos agravado” a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y ordenado a pagar la “multa de ocho veces el monto de las operaciones”. Está detenido hace cinco años, y desde el 2020 cumple prisión domiciliaria.