Algunas veces las decisiones de la justicia, aunque suene a frase hecha, no son justas. Sobre todo, cuando quien resulta como víctima es una persona disminuida en su salud y está a cargo de un menor. Esta es la situación de Marcos Vega, quien con solo 57 años ya pasó por 9 ACV y como si eso no fuera ya un extremo para cualquier persona, él, además, tiene dos tumores y está paralítico, por la amputación de su pierna derecha.
Con este cuadro, se podría suponer que debería estar al resguardo de su familia y en un hogar con las mínimas condiciones de comodidad, pero la realidad está marcando lo opuesto. Junto a su hijo Matías, de solo 18 años, viven desde hace siete meses en el Parador del Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú", donde excepcionalmente les dieron un lugar. El plazo de residencia está por vencerse y de no haber una resolución a favor de parte de la justicia, ambos van a volver a la calle.
Para poner un poco en contexto, vale escuchar a Marcos, contando situación. Allí apunta contra la Dra. Olga Amigot Solohaga, jueza del Juzgado n° 2 de Familia, quien hace caso omiso de los informes policiales y los socioambientales del Ministerio de la Vivienda, todos los cuales certifican que este hombre no es el victimario sino la víctima.
Según estos organismos y las denuncias previamente presentadas mediante abogado, las cuales constan en la causa, es Gloria Saracho, la expareja de Marcos y madre de Matías, quien lo acusó falsamente de violento. Tras eso, este hombre y su hijo fueron sacados por la fuerza pública de la vivienda que compartían, de la cual es adjudicatorio, según consta en el IPV.
El caso, según Matías
El hijo de Marcos es Matías Agustín y tiene solo 18 años y una vida muy sufrida. Según consta en el socioambiental firmado por la Lic. en Trabajo Social, Beatriz Barrionuevo del Ministerio de la Vivienda, a los dos años junto a sus medios hermanos, fue llevado a la Casa Cuna, por orden de la justicia, porque su madre consumía estupefacientes y era alcohólica. En ese momento, ella perdió la tenencia de todos sus hijos y el Juzgado de Menores en aquel momento, a cargo de la Dra. Nieto le dio la tenencia de los seis menores a Marcos Adrián Vega.
En diálogo con La Unión, el joven que actualmente está terminando la secundaria y es quien se hace cargo de todo el cuidado de su padre discapacitado, contó que “lo que nos sucede es una injusticia por parte de la Jueza Amigot Solohaga. Nosotros tenemos todas las pruebas para certificar que la casa, de la que nos desalojaron por una falsa denuncia de mi mamá, es nuestra. Esa es una vivienda social que el IPV le otorgó a mi papá y donde mi mamá ya no estaba viviendo desde hace tiempo. A pesar de todo esto, la jueza no nos quiere escuchar ni tener en cuenta las pruebas. Ella no quiere dar marcha atrás y para nosotros es una completa injusticia”.
La denuncia aludida por el joven fue presentada por Gloria Saracho, ex pareja de Vega, por un supuesto hecho de violencia. Vale indicar que en este punto que ella había hecho abandono del hogar y que en la actualidad ella ya tiene otra relación de pareja, que como indica el informe de la Trabajadora Social, es con un convicto alojado en el Servicio Penitenciario.
En cuanto al inmueble en cuestión y tanto, por los dichos de Matías como también por lo referido en el socioambiental y por la consigna policial destinada a cumplir la perimetral a favor de Gutiérrez, en la actualidad está deshabitada, El informe puntualmente marca que “la señora Gloria Saracho no se encuentra viviendo en la casa del Barrio 111 viv. Norte, casa n° 71 de la Capital, lo cual es fácil de corroborar, ya que la Trabajadora Social del Parador del Hogar de Ancianos se constituyó en siete oportunidades en la vivienda precitada, y no logró encontrar a Gloria”. Seguidamente se añade “la consigna policial asignada para el cuidado de la ciudadana, fue en vano, ya que terminaron cuidando una casa vacía”.
En la actualidad, la consigna ya venció y la casa “está sola y el adjudicatario de la misma junto con su hijo, permanecen en situación de calle”, finaliza el informe de la funcionaria del Ministerio de la Vivienda.
Abandono de persona
Para Matías, quien es la voz de su padre, “lo que hizo la jueza es abandono de persona. Ella violó los derechos de mi papá que es discapacitado. Él tiene un tumor en la cabeza y otro en el pulmón. El día del desalojo, hace siete meses, no nos dejaron sacar nada, ni siquiera su insulina, y menos la ropa”.
“Lo que nosotros vivimos es un abuso de poder”, señala el joven, quien se muestra preocupado por la falta de empatía y de oportunidad de ser escuchados por la justicia. Su otra aflicción es el destino que ambos van a tener, porque el alojamiento transitorio está vencido. De no haber respuesta favorable, de parte del Juzgado n° 2 de Familia, ellos van a volver a la calle.
