Se vence el plazo del dictamen unificado de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del proyecto de Ley de Humedales y la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) decidió convocar a una “gran acción” frente al Congreso para exigir su tratamiento que está estancado desde agosto de 2020.

Se trata de la sanción de un marco normativo que garantice el cuidado de los ecosistemas y proteja los humedales del Delta. Las distintas organizaciones llamaron a movilizarse porque no quieren que pase como en 2013 y en 2016, cuando las iniciativas fueron cajoneadas.

En 2020 se presentaron 15 proyectos para regular los humedales en Argentina, que fueron unificados y obtuvieron el debido dictamen. En ese momento, se excluyó de la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso. Este jueves era la última oportunidad para tratar este proyecto y si esto no sucede, perderá estado parlamentario por no discutirlo sobre tablas y no se podrá tratar por un año.

En 2013 fue la primera vez que se planteó un proyecto para la protección de los humedales. Obtuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a debatirse en la Cámara Baja y perdió estado parlamentario en 2015. Más tarde, entre 2015 y 2018, se presentaron distintas iniciativas pero tampoco llegaron a buen puerto. Por eso, los ambientalistas exigen que se trate y no vuelva a perder estado parlamentario.

Con la promulgación de esta ley se busca proteger las áreas de humedales que, según un informe publicado en 2018 por Ramsar, en América Latina y el Caribe fueron las zonas más afectadas. Durante el 2020 hubo una oleada de incendios en distintos puntos de la Argentina que pusieron en agenda la urgencia de un proyecto que garantice el resguardo de los humedales.

Los ambientalistas explican que los humedales amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso el cuidado de los mismos ayudan en la lucha contra el cambio climático.

Las principales causas que afectan a los humedales tienen que ver con el uso de agrotóxicos, la actividad minera, la ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo industrial e inmobiliario y el desecho de residuos mal tratados.