A través de un comunicado en conjunto, los gobernadores de Juntos por el Cambio respaldaron a su par de Chubut, Ignacio Torres, que amenazó con no entregar petróleo ni gas si Javier Milei no gira los fondos coparticipables que el Gobierno le retuvo a principios de febrero.
En el documento, los mandatarios expresaron su “total respaldo y apoyo”, no solo al gobernador, sino también a los chubutenses “en este duro momento por el que están pasando”.
El comunicado fue firmado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; y los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes; Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Después de que Torres advirtiera que no entregará petróleo ni gas si Nación no gira los fondos de más de 13 mil millones de pesos que le retuvo el Ejecutivo, exigieron: “El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.
En este sentido, aseguraron que “no cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”.
Los gobernadores de la Patagonia cruzaron a Milei por la coparticipación
El conflicto entre mandatarios provinciales y Javier Milei se gestó después de que la Ley de Bases, con un fuerte plan de ajuste, fracasara en el Congreso. A partir de ese momento, el Presidente frenó el giro de los recursos de la coparticipación, lo que hizo reaccionar a los gobernadores.
Uno de ellos fue Ignacio Torres, quien advirtió que “si (el Gobierno) no le envía los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”. El gobernador aseguró que en febrero, el Ejecutivo les retuvo “ilegalmente” $13.500 millones. “Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual”, expresó.
A este reclamo se le sumó un grupo de mandatarios del sur del país: Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
A través de un comunicado, “Las Provincias Unidas del Sur” acompañaron el pedido de Torres. “Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, manifestaron.
“Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”, agregaron.
“No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”, aclararon. Y añadieron: “También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”.
En este sentido, los gobernadores señalaron que “la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA”. Y expresaron: “Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut”.
“No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias”, subrayaron. Y reafirmaron: “Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes. Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.
“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, finalizaron los gobernadores.
