Los reclamos por el uso de las tierras son una constante en todo el país, con el agravante de que en ocasiones también se disputa el origen y propiedad de las mismas. En la Patagonia en particular pero también en otras provincias, comunidades mapuches denuncian ser los herederos legítimos de los terrenos. Esta situación genera distintos conflictos con los gobiernos de turno, que en ocasiones derivan en situaciones de gravedad como las tomas en Río Negro, que necesitaron de la intervención de fuerzas federales.
La puja no es nueva, pero sí cambian las formas de abordarla por parte de la sociedad civil y en especial, de la política. En las últimas horas, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto para que los mapuches no sean considerados como pueblo originario argentino. La iniciativa del oficialismo provincial acumuló 30 votos a favor, ocho negativos, seis abstenciones y cuatro ausencias. Meses atrás, el gobernador Rodolfo Suarez había pedido que se declare inconstitucional la entrega de tierras.
Además, los legisladores manifestaron su “preocupación” por el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) respecto al conflicto en la provincia. El texto aprobado en la sesión repudia el Decreto nacional 805/21 que establece la suspensión de los desalojos y la desocupación de tierras en disputa e instruyó al INAI para realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las áreas ocupadas por las comunidades indígenas.
“Con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, asegura la letra de la resolución presentada por el titular del Bloque de Diputados del PRO, Gustavo Cairo.
El proyecto presentado por Cairo establece el rechazo al DNU 850/21 del Gobierno que prorrogó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
Votaron en contra Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). Además, se contabilizaron 6 abstenciones de los diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV); y 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo, con pedido de licencia.
Al respecto, el diputado Ramón, quien preside la comisión de Derechos y Garantías, contrapuso que el INAI “no reconocen la posesión, ni el título de propiedad, ni se les está cediendo ningún tipo de tierras que tenga el valor de privarnos a los mendocinos, de estos mendocinos que son el pueblo mapuche, de los recursos económicos que la Constitución de Mendoza dice que los superficiales no tienen”.
Además, planteó que se niega “la existencia de todas y cada una de estas comunidades en el sur de la provincia”, y añadió que “lo que se les reconoció es la ocupación tradicional, pública y actual del territorio; lo que no garantiza ni le otorga, ningún derecho de propietario. Se trata del reconocimiento de la ocupación comunitaria por un tema cultural, no por un sistema de propiedad privada”. Y sentenció: “Es el Estado el que debe proteger a estas comunidades ancestrales”.
Entre sus argumentos, quienes se opusieron a este proyecto remarcaron que reproduce “discursos de odio”. En este sentido, la diputada Chazarreta aseguró que se trató de un dictamen “para anular la identidad de personas, de mendocinos y mendocinas”. Y finalizó: “Es un retroceso de los derechos de los pueblos originarios en Argentina, es racista, negacionista y anticonstitucional”.
