Hace tres años, el 20 de marzo de 2019, cuando allanaban su casa de Parque Avellaneda, C. A. D., con la excusa de que iba a estacionar mejor su camioneta, se fugó. Manejó hasta un hotel de pasajeros de la zona de Once y en la habitación 114 intentó suicidarse, pero fracasó. Antes de tomar el contenido de tres cajas de medicamentos psicotrópicos, dejó escrito un mensaje para su esposa: “Perdón por todo, igual sé que no tengo perdón. Por eso llego a esta determinación. Te quiero mucho y perdóname”. Sabía que estaba acorralado. El procedimiento judicial iba a sacar a la luz las 195.010 fotos y los 477 videos almacenados en un disco rígido donde “menores de edad exhibían sus partes genitales”. Dos de las víctimas, según determinó la Justicia, eran sus sobrinos.

Así surge de una resolución firmada los últimos días por el juez en lo criminal y correccional Martín Yadarola. El magistrado procesó con prisión preventiva a C. A. D, de 60 años y con título universitario, por el “delito de tenencia, producción, publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de personas menores de edad dedicadas a actividades sexuales explícitas o a la exhibición de sus partes genitales con fines predominantemente explícitas, agravado por tratarse de menores de 13 años” y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 2.566.180.

En febrero pasado, cuando fue indagado por medio de una videollamada, el sospechoso afirmó: “Se me están imputando cosas que no son como se contaron” y le echó la culpa a su esposa.

“La cosa es que con el tiempo, a medida que ella iba viendo esos videos y fotos de menores, y eso la estimulaba a estar conmigo, es que hacíamos el amor. Cada vez se hacía peor, se agrandaba, un día ella me propone un juego, que era tocar a los sobrinos cuando dormían. Yo no soy el monstruo que piensan. Si ve las fotos, van a ver que son fotos que no pudieron haber sido sacadas por mí. Todo esto es horrible. Y bueno, pasó lo que paso y nos allanaron. Yo jamás pasé material a otra persona”, aseguró el acusado.

Pero el juez replicó: “El descargo del imputado no tiene asidero frente a la prueba recopilada, y solo ha pretendido involucrar a otras personas en el accionar delictivo achacado. Sin embargo, lejos está de probar su ajenidad respecto de los hechos que se le imputaran”.

En la resolución donde procesó al sospechoso, el juez Yadarola ordenó la detención. Hasta esta etapa de la instrucción de la causa, estuvo en libertad. Fue apresado en su domicilio de Tandil, según informaron fuentes judiciales.

“Las imágenes de contenido sexual son explícitas y en algunas de ellas, (las que se produjeran en su propia casa y con la participación de sus sobrinos) curiosamente es el imputado quien aparece en escena, o se escucha que el responsable de la grabación resulta ser ´tío” de los niños. Además, el resto del material apareció guardado en las computadoras y almacenadores de información secuestrados en la casa [en Parque Avellaneda] en la que vivía hasta el momento del allanamiento. Finalmente, las declaraciones de uno de sus sobrinos y de la madre terminan por derribar cualquier intento por desvincularse [por parte del acusado] de la producción del referido material pornográfico infantil”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Según se desprende del fallo, el sospechoso “en varias oportunidades, y con la excusa de llevarlos de viaje, vacaciones o paseos, conseguía alejar a los niños [por sus sobrinos] del cuidado de sus padres, aunque con el permiso de ellos, dada la confianza existente por ser familiares directos, y mantener vínculo afectivo y frecuente”.

La investigación, llevada adelante en un primer momento por el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, comenzó tras información remitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que tiene un convenio firmado con la Fiscalía de la Ciudad e informa cada vez que descubre que desde un IP radicado en nuestro país se transmiten imágenes o videos de índole sexual que involucran a menores.

C. A. D. distribuía las producciones de contenido sexual por medio de la plataforma Skype. “No existen dudas que el imputado mantuvo esta actividad en el tiempo, lapso en el que tuvo a su disposición, produjo y distribuyó el material pornográfico, reiterándose las conductas de acuerdo a las posibilidades que encontraba”, explicó el magistrado.

El juez Yadarola explicó que el allanamiento hecho en la casa donde vivía el sospechoso con su esposa fue clave para el avance de la investigación.

“Se determinó con certeza que algunas de las referidas imágenes habían sido producidas en distintos ambientes del inmueble [donde se hizo el allanamiento]”, afirmó el magistrado.