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Gobierno

Sólo 343 obras públicas, sobre un total de 2010 que no estaban terminadas, sobrevivieron al ajuste

Según registros oficiales, la provincia de Buenos Aires tiene 108 obras que el gobierno nacional mantuvo en ejecución; la mayoría son hídricas y viales, dos están vinculadas a “aulas taller” y ninguna a hospitales.

19 Mayo de 2024 09.18

“Hemos recortado la obra pública. La hicimos cero”, sostuvo el presidente Javier Milei ante los empresarios más importantes del país. Nadie lo contradijo. Sin embargo, la información oficial muestra que pese al ajuste celebrado por el Ejecutivo hubo 343 obras públicas que sobrevivieron a la motosierra. Según registros del Estado, el gobierno nacional pagó por ellas $23.268 millones hasta el 18 de abril.

Esto refleja un recorte considerable pero desmiente la tesis de parálisis total. De hecho, hasta el 31 de diciembre de 2023 había 2010 obras en ejecución. Es decir, sólo el 17% de ellas quedó en pie. Visto de otro modo, se interrumpió la ejecución de ocho de cada 10 obras que no estaban finalizadas. Dentro de las “sobrevivientes”, se repiten los proyectos sobre desagües cloacales o de tipo vial aunque solamente se observan dos vinculados a la construcción de “aulas taller” en barrios vulnerables y ninguno relacionado a hospitales.

Estos datos surgen del análisis del Mapa de Inversiones Públicas confeccionado por el área de Obras Públicas, donde el Gobierno informa el detalle de sus obras, y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Este último contiene los ítems en los que la administración nacional destina parte de su gasto, como por ejemplo obras públicas o compras de equipamiento. No es una base de acceso pública. Por eso, se obtuvo dicha información a través de un pedido de acceso a la información pública que tiene estadística actualizada hasta el 18 de abril.

Pese a la respuesta oficial, hasta el 18 de abril el Gobierno no ejecutó ninguna obra de infraestructura carcelaria. Por ese motivo, informaron  que recién después de esa fecha, el Ejecutivo avanzó con obras en las cárceles de Coronda, en Santa Fe, de Agote, en la provincia de Buenos Aires, y de Benjamín Paz, en Tucumán. A su vez, detallaron que sumó la ejecución de una obra “prioritaria” en el Hospital Garrahan. Incluso, sostuvieron que esas obras forman parte de un grupo de 28 que habían sido interrumpidas por “observaciones administrativas”.

Desde el punto de vista “prioritario” puede comprenderse que casi dos de cada tres obras no interrumpidas están vinculadas al acceso al agua potable, cloacas y acueductos dado que el 30% no accede a desagües cloacales o el 20% tampoco lo hace a redes de agua potable, según los últimos datos del Indec. Por otro lado, las únicas dos obras de construcción de “aulas taller” o que hasta el 18 de abril no se observaran proyectos de infraestructura hospitalaria contrasta con las malas estadísticas relacionadas a la educación y la insatisfacción con el sistema de salud estatal. Esta es la dimensión social de la obra pública.

Otra esfera del asunto es la política. Paradójicamente, la obra pública construyó complejidades en el universo Milei. Primero por el cimbronazo que provocó la temprana renuncia del que era el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Segundo, porque es una de las cuestiones con las que el Gobierno acumula reclamos y hasta enfrentamientos con los gobernadores, entre ellos, el bonaerense Axel Kicillof. En este punto, se destaca un dato interesante. La provincia de Buenos Aires es la que más obras tiene dentro del grupo de las 343 “sobrevivientes de la motosierra”.

En este sentido, una vez más se podría decir que Kicillof y Jorge Macri están en polos opuestos. Según los registros oficiales, en territorio bonaerense hay 108 proyectos en ejecución con fondos nacionales mientras que en tierras porteñas no hay ninguna. La segunda provincia con más obras en ejecución que recibieron financiamiento de la Casa Rosada es Córdoba con 29; y el podio lo completa Entre Ríos con 25. Entre las que menos tienen se encuentran Santa Cruz, San Luis y San Juan con una, tres y tres respectivamente.

Mas allá de la distribución geográfica de las obras, y del consecuente impacto político que puede tener, la dimensión económica no es menor para un gobierno que ajusta el gasto y no negocia el equilibrio fiscal. Los registros oficiales muestran que, pese al fuerte recorte, al gobierno no le queda mucho para gastar en infraestructura.

Según informó la Dirección Nacional de Inversión Pública, el Gobierno gastó $23.268 millones en las 343 que no se interrumpieron hasta el 18 de abril. El ítem de crédito comprometido, que muestra lo que el Ejecutivo destinó gastar durante este ejercicio para todas ellas, asciende a $46.434 millones. Esto significa que en menos de un cuatrimestre, se gastó la mitad de lo que se había proyectado para todo el año.

Este dato encuentra una nueva complicación en la medida que avanza el análisis. La planilla de la Dirección Nacional de Inversión Pública muestra que al menos 179 de las 343 obras que sobrevivieron a la motosierra tienen crédito comprometido a su favor pero aún no recibieron ningún peso en concepto de pagos durante este año. Es decir, más de la mitad. La mayor cantidad de ellas corresponden a proyectos de provisión de agua potable que forman parte de un convenio cuyo responsable es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

A propósito de esto, los indicios para las obras públicas con crédito comprometido pendiente de pago o las que directamente están interrumpidas no son alentadores. La última modificación del Presupuesto Nacional publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial el 9 de mayo le quitó $102.148 millones a la Secretaría de Obras Públicas y se los sumó a la Jefatura de Gabinete para asistir a otras entidades de la Administración Pública Nacional, como por ejemplo gastos corrientes de empresas del Estado. El Presupuesto siempre funciona como una hoja de ruta de las prioridades de los gobiernos de turno.

Entre Ríos es la provincia con la obra que registró el mayor crédito pagado por el Ejecutivo, tal como informó el Gobierno. Hasta el 18 de abril se invirtieron $2376 millones en la intersección entre la ruta nacional 131 y la provincial 32. Pese a esto, desde la gobernación dirigida por Rogelio Frigerio manifiestan disconformidad. Según comentaron fuentes oficiales a LA NACION, el exministro de Interior avanza en conversaciones con el gobierno nacional para destrabar partidas destinadas a proyectos de infraestructura en su provincia. “Una obra parada cercana a su finalización genera un costo enorme si se demora mucho su reactivación”, argumentaron.

Además, la segunda obra a la que el Gobierno más fondos destinó se ubica en el Gran Buenos Aires: el camino del Buen Ayre. Según los registros oficiales, el crédito pagado asciende a $1984 millones. Este proyecto presenta una particularidad con matices políticos. Está dividido en tres tramos. Los contratistas de dos de ellos son Contreras Hermanos y CPC. Esta última es una de las empresas que pertenece al Grupo Indalo, fundado por el empresario Cristóbal López, vinculado al kirchnersimo.

En paralelo, y pese a ser la provincia que más obras conservó en el ajuste, la administración Kicillof habla de “parálisis” e informó que envió notas escritas al por entonces Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Economía en las que solicitó darle continuidad al financiamiento de más proyectos.

El grupo de las cinco obras por las que más dinero pagó el Gobierno hasta el 18 de abril lo completan los trabajos en la autopista Ezeiza - Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, y dos en Río Negro (una de desagües cloacales y otra de tipo vial). Entre ellas, suman erogaciones equivalentes a $4258 millones, según consignó la Dirección Nacional de Inversión Pública. Y entre las cinco totalizarían $8618 millones. Puesto en perspectiva, esto representa el 0,01% de los recursos estimados para este año, según Presupuesto Abierto.

Dentro de las últimas obras con más pagos realizados por la administración Milei, solamente las del camino del Buen Ayre están próximas a terminar ya que, según el Mapa de Inversiones Públicas, los tres tramos tienen un avance promedio del 89%. El proyecto de tipo vial en Río Negro registra un 79% de avance físico y las tres restantes no llegan a completar la mitad de sus planes de avance.

De esta manera, la obra pública enfrenta a los gobiernos provinciales y al nacional con un problema que se resume en una frase: “no hay plata”. Mientras los gobernadores le reclaman más fondos al Presidente, el plan del Ejecutivo es que las obras provinciales o municipales se terminen con financiamiento de esas jurisdicciones, según indicó una fuente oficial. Un ejemplo de ello es la negociación por la construcción de 187 centros de desarrollo infantil cuyo financiamiento interrumpido originalmente depende de Nación pero la administración Milei busca que puedan afrontarlo las jurisdicciones donde se emplazan.

Además, en relación al costo que puede provocar paralizar más de mil obras, la Secretaría del área, que depende del Ministerio de Economía, respondió: “Hasta el momento no ha habido ningún tipo de penalidad en atención a que se informó a las distintas empresas la necesidad de contar con la estructura y los circuitos administrativos para avanzar con el pago de los certificados”.

Este análisis  no incluye a las obras de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, ni de la Subsecretaría de Hidrocarburos dado que no se cuenta con sus códigos Bapin, dato que permitiría verificar si dichos proyectos recibieron pagos del gobierno nacional y, en ese caso, cuánto dinero.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, indicó que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo, en parte por el freno en la obra pública. Weiss, quien asistió al encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el que también participó Milei manifestó su apoyo a la conducta fiscal del Ejecutivo pero indicó que la reactivación debería llegar pronto. “No se puede aguantar mucho más”, concluyó.

Por lo tanto, las 343 obras “sobrevivientes” exponen las dimensiones sociales, políticas y económicas del recorte del Gobierno, sus efectos en el sector privado y la dependencia del financiamiento nacional que padecen las provincias y los municipios para desarrollar proyectos de infraestructura en una sociedad cuyas carencias muestran que los necesitan.