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Más de 3.000 escuelas sin conectividad

Nación reconoció que existe una caída del 80% en la ejecución del Conectar Igualdad

Lo indicó el el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su informe de gestión frente a los senadores en el que detalló que hay más de 3.000 escuelas sin conectividad.

18 Mayo de 2024 08.33

La gran mayoría de los gobiernos levantan la bandera de la educación como uno de los baluartes principales de la gestión. Por lo menos desde la vuelta de la democracia es un tema que conforma uno de los ejes principales de los discursos.

La Libertad Avanza también lo hizo, pero al modo libertario. Casi sin hacer referencia a la educación pública, salvo desde el lugar de la crítica, los recortes presupuestarios que estallaron con la marcha federal en defensa de la misma que motorizaron las universidades nacionales.

En este ajuste que lleva adelante el Ejecutivo en busca del déficit cero, la educación, en sus distintos niveles, no quedó afuera y esto se vio en el informe de gestión que realizó esta semana el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri le había adelantado la inquietud respecto de la conectividad de las escuelas. En la pregunta 1084 del informe le señala que las empresas proveedoras del servicio de WiFi para las escuelas “refieren que el PEN adeuda el pago de servicios y ya se encuentran realizando cortes”. Y agrega: “¿Tiene previsto volver a garantizar la conectividad en las Escuelas? ¿Considera que no es esencial garantizar la conectividad en las mismas?”.

La respuesta de Jefatura de Gabinete la remite a otra respuesta del informe, la 359, en donde sólo se hace referencia a las universidades y no dice nada de las escuelas. Frente a esto, la senadora porteña le volvió a preguntar en el recinto a Posse.

Una vez que Posse recibió de parte de los casi 70 asesores que llevó al Senado la respuesta impresa que, como en todos los casos, se dedicó a leer sin saltear ni una coma, el Jefe de Gabinete señaló que “se regularizaron pagos vencidos para 29.100 establecimientos”. Y añadió: “De ese total, hay 16.800 establecimientos que reciben conectividad de ARSAT -la empresa estatal que originariamente estaba en el listado a privatizar de la Ley Bases- y que hay 3.170 escuelas sin servicio de conectividad”.

Los datos de la administración nacional muestran que el Gobierno se retiró en gran parte del plan Conectar Igualdad creado en la gestión de Mauricio Macri en 2016 y continuado por la de Alberto Fernández. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta marzo de este año la ejecución presupuestaria muestra “la ausencia de erogaciones (compra de computadoras) del programa Conectar Igualdad ($11.977 millones en el primer trimestre de 2023)”.

Según un trabajo del Centro de Economía Política (CEPA), la ejecución presupuestaria de mayo en materia educativa muestra “fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-79%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%)”.

El ítem conectividad se pagaba dentro del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Posse en su presentación justificó el recorte: “Fue creado por la ley 25.053 por un plazo de cinco años. Este mismo ha quedado sin efecto y esto era de conocimiento público”. Como salida a este anuncio de que no está previsto su continuidad, el jefe de Gabinete dijo frente a los senadores: “Estamos pensando y estudiando la posibilidad de incluir a la educación pública en el Pacto de Mayo”. Esto, por ahora, no sucedió.

En el medio de esto, el Gobierno decidió extender por el plazo de dos meses el funcionamiento de la unidad encargada de la coordinación del programa Conectar Igualdad. La continuidad del programa destinado a la entrega de netbooks, a la promoción de recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y a la elaboración de propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, era una incógnita en medio del recorte del gasto público que dispuso el Gobierno Nacional. El plazo caduca a finales de junio.