La privatización de las empresas públicas que propone el Gobierno en la Ley Ómnibus es uno de los puntos que traba la negociación con los bloques aliados y podría sufrir más modificaciones el martes en medio del tratado del articulado. El oficialismo no estaría dispuesto a ceder más concesiones.
Ante las quejas de los bloques encabezados por Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo de Loredo (Unión Cívica Radical), La Libertad Avanza envió una contraoferta el jueves con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, de por medio.
El último texto del artículo que presentó el Gobierno incluye la reducción de 36 a 27 empresas sujetas a una posible venta y la privatización parcial de tres de estas: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.
Las que quedaron afuera son Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Casa de Moneda, Fábrica Argentina de Aviones, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
La propuesta del oficialismo acerca posiciones con la oposición en su pedido de tratado especial de cada una de las empresas del Estado que el Ejecutivo quiere privatizar, ya que separó el capítulo en tres artículos, de forma que los diputados puedan votar en particular y no se vean obligados a rechazar todo el paquete si no están de acuerdo con un caso.
Además, contiene la determinación de informar de cada uno de los procesos que lleve a cabo el Gobierno a la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones 15 días antes de su publicación.
Su composición incluye a seis senadores y seis diputados y contaría con la colaboración permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
Lo mismo aplica para la secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la jefatura de gabinete que lidera Nicolás Posse que debería realizar informes previo al comienzo del proceso de privatización en línea con el SIGEN. Debe contener información financiera, económica, operativa y patrimonial de cada caso.
Más allá de la contraoferta del oficialismo, los bloques aliados no aseguraron apoyo a la propuesta y preparan los escritos para presentar en medio del tratado del articulado, en caso de no acordar más concesiones con el Gobierno. Tanto la UCR como HCF quieren reforzar el poder de la Bicameral y aumentar el nivel de transparencia.
Al respecto, el diputado de HCF Nicolás Massot le expresó a TN: “Las empresas tienen perspectivas distintas para cada diputado. Nosotros creemos que el centro de la cuestión pasa por el control del proceso por el Congreso para evitar los errores de los 90: que se genere monopolio y se privaticen empresas a precios viles”.
“Vamos a proponer una escritura que empodere más a la bicameral. Si es aceptada, sacando el caso de YPF, vamos a acompañar la iniciativa del Gobierno. Vamos a introducirlo en la sesión”, agregó.
Los jefes de las bancadas afines al Gobierno mantienen diálogo constante con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Hubo varias reuniones en la semana, pero todavía no hay garantía de acuerdo.
