Alberto Fernández inició al procedimiento para obtener su jubilación como ex presidente de Argentina, la cual se estima alcanzaría los 7 millones de pesos al mes. Según un exfuncionario cercano, el trámite estaría en proceso de liquidación en la Anses, aunque desde el organismo no han confirmado oficialmente esta información.

A pesar de que Fernández exploró la posibilidad de vivir en España, la ley 24.018 establece que los beneficiarios de la pensión vitalicia deben tener domicilio en Argentina. La diputada Graciela Ocaña sostuvo que, dado que no reside en el país, el beneficio no le correspondería.

El entorno del exmandatario aseguró que Alberto retornará al país antes de fin de mes y tramitará la pensión, desestimando la idea de radicarse en España. La salud de su esposa, Fabiola Yánez, podría mantenerlo en una situación de agenda dual entre ambos países.

A pesar de las objeciones a su "honorabilidad" planteadas por la diputada Marcela Campagnoli, la eliminación de las pensiones por la Ley Bases difícilmente afectaría a Fernández, ya que el cambio no se aplicaría retroactivamente. Campagnoli argumenta que ciertos actos durante su mandato comprometerían su "honorabilidad", requisito para el beneficio, y ha solicitado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas evaluar su idoneidad para recibir la pensión. 

Entre esos deberes incumplidos, la diputada destaca que durante su mandato no dejó su cargo como docente universitario y mencionó los escándalos que lo involucraron como la "Fiesta de Olivos" durante la cuarentena y el "Vacunatorio VIP", hechos que, a su entender, expondrían una clara "violación de la ley Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético".

Por su parte, cerca del expresidente justifican la solicitud de la pensión, argumentando que la necesita para cubrir sus gastos y destacan la ausencia de causas judiciales de corrupción en su contra tras su salida de la función pública.