El próximo jueves 22 y viernes 23 de agosto, el transporte público en el interior del país enfrentará una interrupción total de los servicios urbanos, interurbanos y rurales, como resultado de un paro convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Este conflicto surge tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre el gremio y empresarios, y luego del recorte de subsidios por parte del Gobierno nacional.
Este jueves se reunieron -en forma virtual- las autoridades del Ministerio de Capital Humano, los representantes del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios que forman parte de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP). Tras poco más de una hora, las partes no llegaron a un acuerdo. El conflicto se centra en la negativa de los empresarios del interior del país a otorgar el aumento salarial solicitado por el gremio.
Según declaraciones de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), la situación económica del sector es crítica, debido a la combinación de "tarifas inadecuadas, subsidios insuficientes y el creciente costo operativo". A estos factores se suma la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior, lo que agrava aún más la crisis.
"La paralización de los servicios no hará más que profundizar la crisis del sector y de las empresas, lo que podría ocasionar el cese definitivo de las actividades de muchas de ellas", advirtieron desde FATAP, exigiendo la intervención urgente de las autoridades nacionales para evitar un colapso del sistema de transporte en el interior.
Por su parte, desde UTA señalaron que, aunque se logró un acuerdo salarial en varias jurisdicciones, en algunas provincias y municipios aún no se alcanzó un consenso, lo que motivó la convocatoria al paro. "No admitiremos maniobras que pretendan corregir el desfasaje económico a través de la pérdida de salarios o derechos de los trabajadores", afirmó Roberto Fernández, secretario general de UTA, subrayando la necesidad de que las provincias y municipios asuman su responsabilidad en la financiación del transporte público.
Ante este panorama, la expectativa se centra en la audiencia convocada por el Ministerio de Capital Humano para el 21 de agosto, en la que se intentará arribar a un acuerdo antes de la fecha prevista para la medida de fuerza.
