La Aduana realizará hoy una nueva inspección de la carga que llegó en el avión de Emtrasur el lunes 6 de junio. Se trata de un procedimiento que se denomina “toma de contenido”. “Se toma una parte de la carga para verificar que lo que está declarado, en cuanto a su valor, se adecúa a la realidad”, explicó una fuente aduanera.
La carga eran autopartes de la empresa SAS Automotriz, que responsabilizó a Fracht, una firma de logística que terminó contratando a la empresa Aerocharter México. El contrato original se firmó por USD 885 mil, pero el viaje terminó saliendo casi 1,5 millón por las sucesivas demoras. Al costo adicional se le sumaron USD 110 mil, porque hubo que descargar y volver a cargar la mercadería en el aeropuerto de Querétaro, y otros USD 400 mil por un segundo vuelo que llegó el 11 de junio.
La Justicia también está investigando la carga del avión. Tal como adelantó este medio, todavía hay 7860 kilos en un hangar de TCA, la terminal de cargas del aeropuerto de Ezeiza. Es un remanente del vuelo de Emtrasur. A eso se suman otros 8 mil kilos que llegaron en el avión de la empresa Skylease, contratada por el mismo importador, SAS Automotriz.
La carga fue revisada por las autoridades aduaneras argentinas apenas aterrizó el avión porque había alertas de agencias internacionales. Dos días después, fue revisada nuevamente en un operativo conjunto entre PSA, PFA y Aduana. Y el viernes 10, cerca de las 19, cuando ya había trascendido el escándalo por un pedido de informes del diputado Gerardo Milman, hubo otra revisión de la PSA dentro del avión, con la presencia de los tripulantes.
Mientras espera las respuestas de los exhortos que mandó a varios países, el juez Federico Villena avanza con el análisis del contenido de los teléfonos y las tablets de los 19 tripulantes del avión. “Hay teléfonos que tienen hasta 60 mil fotos, todavía se está descargando material”, graficó una fuente de la investigación sobre el trabajo de análisis. Esa tarea está en manos del juzgado federal de Lomas de Zamora y de la PFA.
A eso se suma otra complicación burocrática: todavía no se designó a un traductor de farsí que pueda validar algunos de los mensajes de los cinco iraníes. De hecho, se evalúa traer a un traductor desde el exterior, pudo saber Infobae.
“Hay traductores disponibles en el país, pero la persona designada tiene que ser de extrema confianza”, explicó una fuente de la investigación. Ocurre que la causa judicial sigue bajo secreto de sumario y cualquier filtración podría invalidar el contenido de los teléfonos.
En las últimas horas, la PFA le entregó al juez otro informe preliminar sobre los aparatos. Hay más de veinte personas del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) destinadas a esa tarea. En la Justicia, el análisis de los datos es más lento: mediante el programa UFED, de la empresa Cellebrite, se revisan diferentes carpetas donde figuran “videos”, “fotos” y “mensajes”.
Mientras tanto, el juez Villena autorizó la devolución de los teléfonos a los 14 venezolanos que viajaban en el avión de Emtrasur, y solo retuvo los aparatos de los iraníes hasta que se termine de descargar el material.
La Justicia también comenzó a escuchar los últimos diálogos que quedaron grabados en una de las “cajas negras” del avión. “Se escucha una voz en español de uno de los venezolanos, pero todavía ninguno de los diálogos tiene relevancia”, dijo una fuente de la investigación.
El avión tiene dos “cajas negras” que fueron retiradas hace diez días por personal de la empresa Boeing: la caja registradora de parámetros de vuelo (Fligh Data Recorder), que se encuentra en la cola, y la caja que está en la cabina del avión, denominado “cockpit voice recorder (CVR)”. “Ese aparato graba las comunicaciones aire-tierra, como así también de todo lo que se conversa en la cabina de mando”, explicó un experto.
En su último requerimiento, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se incorpore, cuanto antes, el estudio sobre las “cajas negras” del avión venezolano-iraní.
