La República Argentina denunció este lunes ante las Naciones Unidas la "pérdida de legitimidad del Poder Judicial", a partir de la práctica del 'lawfare' o guerra jurídica, y pidió el "acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho" en el país.

Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

"Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública", planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.

Más tarde, en diálogo con Télam desde Ginebra, Pietragalla Corti resaltó que la posición argentina recibió "recomendaciones y devoluciones de un total de 107 países" y aseguró que, en ese intercambio, "prevalecieron los elogios a las políticas de derechos humanos del país".

El funcionario consideró "audaz" que la Argentina haya llevado a la ONU su denuncia contra su propio sistema de justicia y argumentó: "No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales".

"Argentina debe apelar a las herramientas internacionales para alertar sobre lo que se está viviendo: persiste una mirada persecutoria de la justicia hacia dirigentes del oficialismo y hay un sector político y económico que avala la mafia judicial, con la que comparte intereses", declaró a esta agencia.

Por esa razón, señaló Pietragalla Corti, "el Poder Judicial argentino y la oposición se defienden corporativamente" y, como ejemplo, mencionó que los principales dirigentes de la oposición "son favorecidos sistemáticamente por los miembros del Corte Suprema".

En su discurso ante el Consejo, el funcionario expresó: "El 'lawfare' es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos".

"Esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto", agregó.

Además, advirtió que "esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la 'delación premiada' para iniciar procesos sin sustento".

Por todo esto, Argentina pidió "el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país".