Sin chances reales de aprobar en Diputados el juicio político contra la Corte Suprema, en el Gobierno se limitan por estas horas a sumar adhesiones que aporten volumen político al proceso que Alberto Fernández abrió contra el máximo tribunal a partir del conflicto por la coparticipación.

Con todo el kirchnerismo y varios de los gobernadores peronistas del lado del Presidente, las miradas se posaron sobre Sergio Massa. El ministro de Economía mantiene buenos vínculos con la Justicia y, como hasta ahora no se había pronunciado sobre la iniciativa, muchos especulaban con la postura que tomarían los diputados del Frente Renovador.

Las dudas finalmente se disiparon este viernes luego de que se conociera que Vanesa Massetani como Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, quienes responden directamente a Massa, votarán a favor del juicio político contra la Corte Suprema.

Fuentes del massismo adelantaron al diario Clarín que “no hay discusión” al respecto, ya que “todo el Frente Renovador acompaña y todo el Frente de Todos”. Incluso señalaron que Gutiérrez tenía programado un viaje y lo suspendió para poder participar de la comisión que, se prevé, se llevará a cabo en la segunda quincena de enero.

El pedido de Alberto Fernández ya está en manos de la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, y solo falta que el Presidente llame a sesiones extraordinarias para el verano. La convocatoria se concretaría la semana próxima.

Hasta entonces, Alberto Fernández quiere ir sumando apoyo. Ya cuenta con una decena de vicegobernadores de las provincias que lo acompañaron en el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, hay ocho gobernadores que suelen ser aliados del Gobierno pero que no adhirieron al pedido de juicio político y resisten a las presiones. En las últimas horas, se intensificaron los contactos, pero los mandatarios provinciales mantienen su negativa.

La principal advertencia que llegaría desde el Gobierno es que deberá echar mano a las obras públicas provinciales si tiene que cumplir el fallo de la Corte, que le ordenó devolver a la Ciudad de Buenos Aires parte de los recursos coparticipables recortados en 2020. Suele ser uno de los argumentos más utilizados por el Ejecutivo de cualquier color político cuando necesita sumar voluntades.

Aunque en su mayoría, ese grupo de gobernadores está de acuerdo con el reclamo de fondo, no comparte las formas, por lo que el Presidente no logró hasta el momento torcer su decisión.

Sin embargo, fue sumando adhesiones de otros funcionarios y dirigentes del ala dura kirchnerista que, si bien no representan la misma contundencia que los mandatarios provinciales, le suman volumen político a la iniciativa.