La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de 18 imputados por el incendio de Iron Mountain, algo "que las víctimas estaban esperando desde hace mucho tiempo" y que deja la causa a las puertas del pedido de elevación a juicio oral, según dijo este miércoles el abogado querellante Javier Moral.

Así lo resolvieron por mayoría los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto y Magdalena Laiño Dondiz en el marco de la investigación por el incendio acontecido el 5 de febrero de 2014 en un galpón del barrio porteño de Barracas que les costó la vida a nueve bomberos y un rescatista de Defensa Civil.

En concreto, la Cámara confirmó los 17 procesamientos que habían sido inicialmente dictados por el juez de instrucción Pablo Ormaechea en 2018, y revocó los sobreseimientos de tres de los involucrados y procesó -en el mismo acto- a uno de ellos mientras que dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes.

"En una resolución posterior, el juzgado de instrucción a cargo ahora de la jueza Palmaghini entendió que, para aquellos cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara, ya está cerrada la investigación y pidió a las partes que valoremos si la instrucción está completa y si corresponde llevarlos a juicio, para lo cual hay plazo hasta el 6 de febrero", explicó Moral a Télam.

"Obviamente que esta querella va a requerir la elevación a juicio oral porque es lo que venimos reclamando desde que se produjo el incendio, pero entiendo que las defensas se van a oponer", agregó.

No obstante, el abogado arriesgó que "es casi indeclinable que la causa sea elevada a juicio oral y que se designe un tribunal oral" para llevarlo adelante, ambas cosas "sin dudas este año 2023", aunque quizás el presente año concluya sin todavía una fecha cierta para el comienzo del debate.

"La confirmación de los procesamientos era lo que las víctimas y esta querella estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Veníamos luchando y bregando para que esto se discuta en un juicio oral y público porque la pérdida de servidores públicos afectó a la sociedad en su conjunto, no sólo a las víctimas en particular", agregó.