Con el apoyo de la agencia Homeland Security (HSI) de Estados Unidos, ayer miércoles, la Policía Bonaerense y la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia realizaron un megaoperativo conjunto para detener a sospechosos de distribuir videos y fotos de abusos a menores a través de Internet.

Hubo siete detenidos hasta el momento, con 65 objetivos allanados en Lanús, Vicente López, Victoria, San Fernando, Chacabuco, Villa Gesell, Bahía Blanca. Los detenidos, todos ellos varones, tienen desde 35 hasta 65 años, con diversos oficios como ingenieros en sistemas.

Uno de los detenidos sorprende por sobre el resto. Sus iniciales son C.M., tiene 51 años y es empleado del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es policía, según fuentes del caso. Su rango: comisario inspector de la fuerza provincial, todavía activo y destinado a una sub DDI de la costa atlántica.

Así, el efectivo fue arrestado en su domicilio de la zona de San Cayetano y trasladado a una celda de Necochea, en condición de comunicado: se le secuestraron siete celulares, su pistola reglamentaria, sus municiones, su credencial con su rango y otra pistola de uso particular. Su expediente está a cargo del fiscal Marcos Bendersky.

De todo el operativo, participaron siete fiscalías de diversas jurisdicciones, entre ellas la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro cargo de Gonzalo Acosta, su equivalente en Lanús con Soledad Garibaldi, la UFI N°20 de Bahía Blanca, la N°8 de Junín, la N°8 de Dolores con el fiscal Walter Mércuri y la UFI 3 de Esteban Echeverría a cargo de la doctora Verónica Pérez y su adjunto Gerardo Semisa.

La agencia Homeland Security Investigations (HSI) del Gobierno estadounidense aportó el software que permitió investigar el caso, según explicaron fuentes con acceso al expediente: el sistema permite el rastreo de números IP en los movimientos de material prohibido. Esta vez, se emplearon sistemas Peer to Peer de vieja data, clásicos en el intercambio de pornografía infantil.

Se secuestraron diez CPU, veinte discos rígidos, tres rígidos externos, cámaras filmadoras, pendrives, notebooks y 40 celulares que podrán ser peritados.

Los operativos de este tipo con información provista desde el exterior, con sistemas estadounidenses como NCMEC que ofrecen un tracking de los intercambios de material, son frecuentes en la Justicia argentina. Las alertas de Interpol también entran en juego. En los últimos años, los sistemas Peer to Peer involucrados en esta causa, viejos programas para compartir archivos empleados popularmente a comienzos de siglo y todavía activos, quedaron en desuso, con pedófilos que comenzaron grupos de Telegram o WhatsApp.

En 2018 la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal estimaba que el traspaso de imágenes y videos de niñas y niños abusados a través de Whatsapp está presente en el 40 por ciento de los casos que investigaban, así como red Telegram.

Los usuarios más sofisticados, los conocedores y coleccionistas ávidos, siguen otra ruta: se conocen en foros de la Dark Web para vincularse y compartir contactos. Luego, pasan al teléfono. La polémica función de comunicación encriptada de punta a punta para WhatAapp, anunciada en septiembre de 2016, que permite el no-espionaje de comunicaciones, que funciona en todas las plataformas como Android y iPhone y que ya fue fuertemente criticada por el FBI, es su aparente sensación de seguridad.

Las pericias a los aparatos incautados en la jornada de hoy permitirán establecer otras posibles vías de intercambio.